A nivel global, la energía nuclear se está reevaluando como una fuente de generación eléctrica que ofrece un suministro constante y libre de emisiones de carbono, complementando la intermitencia de las fuentes renovables. En este contexto, el gobierno argentino ha diseñado un plan para atraer inversión privada a su sector nuclear.
Argentina tiene una base sólida en este campo. Desde la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en 1950, el país ha desarrollado un ecosistema científico-industrial que incluye a la empresa de tecnología INVAP y a la operadora Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA). Las tres centrales atómicas de nuestro país —Atucha I, Atucha II y Embalse— han aportado de forma consistentemente estable entre un 7% y un 8% de la energía eléctrica al Sistema Argentino de Interconexión.
El instrumento legal para este cambio es la Ley de Bases y Puntos de Partida (N° 27.742), que declara a NASA "sujeta a privatización", complementado por el Decreto 695/25 del Poder Ejecutivo Nacional y la Resolución 1751/25 del Ministerio de Economía de la Nación.
El esquema estipulado prevé la transferencia de hasta un 44% del paquete accionario de la firma al sector privado mediante un proceso de licitación pública, mientras el Estado Nacional conservará el 51% del capital social y los derechos de voto, asegurando el control en decisiones estratégicas.
El objetivo principal de esta capitalización es financiar proyectos de infraestructura considerados clave. En primer lugar, se busca asegurar los fondos para la obra de Extensión de Vida Útil de la Central Nuclear Atucha I, que ya cuenta con un grado de avance técnico superior al 50%. En segundo lugar, se necesitan fondos para la ampliación del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados (ASECG II) en Atucha II. Para un inversor, esto representa la entrada a un negocio que provee aproximadamente el 7% de la energía eléctrica del país, con demanda garantizada y un flujo de caja regulado.
Sebastián Álvarez, Socio en Brons & Salas
Esta estrategia implica también un cambio de rumbo respecto a la administración anterior. Se cancelaron los acuerdos con la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC) para la construcción de una cuarta central, lo que detuvo los megaproyectos con financiamiento estatal. La nueva política abre la oportunidad a que consorcios privados, principalmente de origen occidental, presenten propuestas basadas en otras tecnologías, como los reactores de agua ligera y uranio enriquecido.
Este giro local se alinea con una tendencia internacional marcada. En Estados Unidos, por ejemplo, el sector experimenta una demanda masiva de electricidad proveniente de los centros de datos de Inteligencia Artificial, lo que ha llevado a empresas como Microsoft a firmar contratos históricos para reabrir centrales cerradas, como Three Mile Island. En paralelo, China lidera la expansión global de forma absoluta, con 61 reactores comerciales en operación y 39 en construcción, estimando que para 2050 la energía nuclear represente el 22% de su mix energético.
En nuestro país, mientras proyectos de diseño propio como el reactor CAREM 25 mantienen sus obras civiles en pausa, las nuevas perspectivas de expansión se estructuran bajo un novedoso paradigma amparado en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). El foco comercial ya ha comenzado a materializarse con propuestas de corporaciones norteamericanas, como Nano Nuclear Energy, para inyectar capital en firmas estratégicas locales como Dioxitec, con el claro objetivo de optimizar el procesamiento doméstico de uranio y proyectar al país como un exportador confiable hacia el mercado estadounidense.
En conclusión, el gobierno ha establecido un marco legal para permitir la entrada de capital privado en la operación de las centrales nucleares. El fin es utilizar esos fondos para modernizar y extender la vida útil de la infraestructura existente, reorientando a su vez la estrategia de expansión futura hacia proveedores tecnológicos occidentales y un esquema de financiamiento corporativo. La ejecución de este plan dependerá ahora de la apertura del proceso de licitación y del interés que demuestren los inversores.
Por: Sebastián Álvarez, Socio en Brons & Salas
