“Las pericias judiciales, en franco incumplimiento a la Ley 27.348 y sus 18 adhesiones provinciales, está haciendo colapsar al sistema de ART y atenta contra la generación de empleo formal en el país”, aseguró Mara Bettiol, la presidente de la UART.
Los peritos judiciales que establecen los porcentajes de incapacidad en los juzgados laborales, son externos, actúan sin control y sus honorarios están ligados, directa o indirectamente, al resultado del juicio. Estos peritos establecen porcentajes de incapacidad según sus propios criterios. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo: 9 de cada 10 casos que llegan a la Justicia son sin incapacidad o directamente inculpables (es decir, no tienen relación con el trabajo).
Estos desvíos en las pericias judiciales son luego avalados por los jueces laborales en sus sentencias en la casi totalidad de los casos aplicando, además, sobre los montos indemnizatorios resultantes de actualizaciones y tasas de interés imposibles de ser financiadas.
Los peritos judiciales son actores externos cuya designación pasa por integrar una lista y luego de salir sorteados se transforman en peritos oficiales judiciales. Sus honorarios se establecen como porcentaje de las indemnizaciones. El
resultado: una multiplicación sistemática de juicios con montos que constituyen un aliciente a la judicialidad, elevando los costos laborales, atentando contra la formalización y haciendo colapsar al sistema de ART, que protege tanto a empresas como a trabajadores.
Argentina: a la cabeza en juicios por riesgos del trabajo
Argentina registra uno de los índices más altos de litigios por riesgos del trabajo, con una tasa de judicialidad que es 15 veces la de España y 21 veces la de Chile, a pesar de tener mayores prestaciones y una accidentabilidad similar.
Es paradójico que, mientras los fallecimientos en el trabajo se redujeron 80% y los accidentes un 55%, la litigiosidad crece exponencialmente, proyectándose más de 130 mil juicios en 2025. Ver gráfico adjunto Litigiosidad (que muestra índice de accidentes y de juicios)
Si Argentina tuviera el índice judicial de España, tendría algo más de 8000 juicios por año y si tuviera el índice de Chile no alcanzaría a 6.000 juicios por año. (ver gráfico adjunto Juicios por año).
Según un informe de IERAL de Fundación Mediterránea, la lumbalgia (una de las afecciones más frecuentemente diagnosticadas en la justicia) luego de ser valoradas sin incapacidad en Comisiones Médicas, suelen promediar, según losperitos judiciales, un14% incapacidad definitiva. Si bien ese es el promedio hay una amplia variabilidad, no sólo entre provincias sino dentro de cada jurisdicción (ver gráfico adjunto Evaluación de lumbalgia no especificada).
Los adicionales y la arbitrariedad de los peritos judiciales, respecto de las Comisiones Médicas que dependen de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, llevó a las ART a enfrentar una avalancha de demandas que tramitan en los
juzgados laborales y pagos indemnizatorios carentes de lógica.
“Es imperativo resolver los desvíos judiciales y la actividad pericial para brindar un real servicio de justicia a empleadores y trabajadores. La conformación de Cuerpos Médicos Forenses (CMF), tal como están previstos en la Ley 27.348 y sus adhesiones, de manera tal que sean independientes y transparentes, es una necesidad urgente. La justicia laboral no puede seguir en manos de peritos cuya designación pasa por anotarse en una lista y salir sorteados y que realizan pericias que nadie controla”, explica Mara Bettiol, presidente de la UART.
La Ley prevé la conformación de CMF con peritos seleccionados por concurso, que apliquen los parámetros de ley y que reciban un sueldo o cobren por tarea realizada, no en proporción al valor del juicio (que en la casi totalidad de los casos coincide con el porcentaje de la pericia). De conformarse CMF tal como los prevé la Ley, además profesionalizar y jerarquizar la tarea del perito, desanclarían un incentivo perverso de a mayor pericia mayor honorario, ayudando así a reencauzar un sistema exitoso en la prevención, atención y cobertura del trabajador, pero que actualmente se encuentra en riesgo.
La experiencia ART en el debate sobre la reforma laboral
El gobierno nacional impulsará en los próximos meses “una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal”, de acuerdo al texto firmado en el Pacto de Mayo. El sistema de ART ofrece un antecedente valioso al momento de avanzar en el debate laboral: no basta con cambios legislativos, es necesario garantizar su implementación sin distorsiones.
En 2017, el Congreso sancionó la Ley 27.348 con el objetivo de reducir la injustificable avalancha de juicios por riesgos del trabajo. La norma se propuso fortalecer las soluciones por vía administrativa fortaleciendo las Comisiones Médicas
(integradas por médicos especialistas seleccionados por concurso) y estableciendo asistencia letrada gratuita para el trabajador en todo este proceso administrativo.
En los primeros 2 años, se redujeron los litigios, pero rápidamente, a través de los peritos judiciales, se encontró la manera de burlar los mecanismos establecidos por ley para continuar multiplicando las demandas y los montos indemnizatorios a través de tasas de interese y actualizaciones imposibles de ser financiadas. No solo se volvió a los altos niveles de juicios, este año se va a superar el récord histórico.
Para impulsar la formalización del empleo, la reforma laboral debe incluir medida que terminen con el flagelo de juicios por riesgos del trabajo. A la vez, todos aquellos que tengan un rol en esta iniciativa deben tomar nota de nuestra mala experiencia: una buena ley, sin implementación adecuada en la justicia, agrava el problema.
Acerca de UART:
La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) es la única cámara de ART de la República Argentina. Reúne a 18 ART de las que operan en el mercado y está conducida por un Consejo Directivo compuesto por la totalidad de las asociadas. La UART se encuentra comprometida con el cumplimiento de los más altos estándares en materia de ética e integridad.
